La Comisión de Seguimiento aprueba 62 obras en 40 municipios por casi 18 millones de euros

Thu Aug 03 14:15:36 CEST 2017

La Comisión de Seguimiento aprueba 62 obras en 40 municipios por casi 18 millones de euros

La Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA (Programa de Fomento del Empleo Agrario) se ha reunido en el día de hoy en la Subdelegación del Gobierno, una sesión en la que la Diputación ha estado representada por el vicepresidente primero, Juan Carlos Ruiz Boix, y la diputada responsable del PFEA, Isabel Moreno, y que ha estado presidida por el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz. También ha habido representación de la otra entidad que, junto a Gobierno y Diputación, financia el programa, la Junta de Andalucía, así como representantes de sindicatos y organizaciones agrarias.

El objetivo de esta sesión de trabajo ha sido aprobar las obras de Garantía de Rentas del PFEA 2017, cuyas bases fueron publicadas a finales del pasado mes de mayo y que han sido finalmente apoyadas por unanimidad tras modificar ciertos aspectos de la propuesta inicial del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). De este modo, en este apartado del PFEA, se harán realidad 62 obras, con un importe total que asciende a 17.619.808 euros, de los que 12 151.247 euros se destinan a mano de obra, y 5.468.561,78 a materiales. Harán posible un total de 147.164 jornales y se desarrollan en 40 municipios, 33 de ellos bajo la cobertura técnica de la Diputación, que además aporta una parte para sufragar los materiales.

El principal escollo para llegar al acuerdo final ha sido el dictamen de un reciente informe de la Abogacía del Estado que establece que las entidades locales con deudas vigentes con Hacienda y la Seguridad social no pueden ser beneficiarios finales de fondos públicos. La postura defendida por los representantes de la Diputación en la reunión es que este programa se constituye básicamente como una acción social para personas en situaciones de vulnerabilidad y que son los trabajadores agrarios los beneficiarios finales, por lo que el programa puede ejecutarse del mismo modo que en ediciones anteriores también en municipios con deudas vigentes.

Isabel Moreno ha defendido que se trata de “no crear discriminación entre trabajadores del campo”, y de que haya “igualdad de oportunidades, independientemente de la situación económica de sus ayuntamientos, pues si se aplicara el criterio de que los beneficiarios son los municipios, no se ejecutarían las obras en estas localidades”. En la misma línea Ruiz Boix ha recordado que los trabajadores no han de pagar las consecuencias de la mala situación de los diferentes ayuntamientos, y que “la Diputación, que es la que solicita los fondos, sí está al corriente de todos estos pagos”. Además ha insistido en que “la finalidad social del programa es evidente” pues “permite completar a muchos trabajadores los jornales mínimos necesarios para poder tener acceso al cobro de la prestación por desempleo agrario”.

Finalmente la Comisión ha acordado que se aprueben las 62 obras condicionadas a que los ayuntamientos certifiquen su situación al corriente de pagos con Seguridad Social y Hacienda, o en su defecto, algún documento acreditativo de acuerdos de aplazamientos de pagos con estas entidades.

Además se ha instado al Gobierno a que haya un cambio normativo para evitar que esta situación se repita y haya una seguridad jurídica. La junta se y la Diputación van a encargar la elaboración de sendos informe jurídicos para tal fin.

A estas cantidades de Garantía de Rentas hay que sumar las que depare la otra rama del PFEA, la de Empleo Estable, cuyas bases aún han de publicarse.

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